CATALUÑA: ¿Y AHORA QUÉ?

                A pesar de nuestros muchos defectos, en España, al menos en nuestra Historia contemporánea, las Instituciones han funcionado razonablemente bien. Así ocurrió cuando murió Franco – a pesar de no haber democracia- y así pasó también en el golpe de Estado del 23F.

                La ciudadanía, de una u otra forma, se sintió bajo el cobijo de una maquinaria que funcionaba por sí sola. Y el resultado, a la postre, se fue mostrando satisfactorio.

                Ahora, lamentablemente, y en forma de “muerte anunciada”, nos encontramos ante una situación verdaderamente absurda pero tan grave, o más, que las dos anteriores. No ha muerto un régimen, pero está herido. No es un golpe militar, pero sí un golpe al orden Constitucional. Y lo más tremendo: los responsables de este desaguisado son los sucesivos Presidentes del Gobierno de la Democracia que, cuando no tenían mayoría absoluta, han tenido que vender su “posadera” al mejor postor: el nacionalismo catalán, que le pagaba con su apoyo la poltrona.

                El mercadeo de cada momento político unido a una “hoja de ruta” bien trazada desde la Constitución, cuando la propia delimitación de competencias dejaba al Estado en franca debilidad, ha venido a derivar en el día de hoy.

                Y ¿ahora qué?. Pues volvamos a la casilla de salida: que funcionen las Instituciones. En este caso lo que tipifica en nuestro ordenamiento jurídico: el art. 155 de la Constitución

1.       Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2.       Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Que actúen los Tribunales para que juzguen los delitos cometidos en este acto de sedición.

Que actúe el poder ejecutivo proponiendo en el Senado la aprobación de medidas que garanticen la protección del interés general de España en suelo Catalán.

Y que actúe el Legislativo – que se haga política con mayúsculas – para recuperar en favor del Estado Central lo que la experiencia democrática está evidenciando que solo genera problemas y desigualdades en España: la educación no puede ser un semillero de antipatriotas que atenten contra la unidad de España y la soberanía nacional. La sanidad no puede ser de primera en una Comunidad Autónoma y de tercera en otra. Los españoles no podemos pagar unos impuestos desiguales según dónde estemos viviendo…. 

Hay que hacer política, hay que negociar ideas para aglutinar a la mayoría de los Españoles, de Galicia a Barcelona y de Santander a Cádiz en torno a un proyecto de futuro con un eje vertebrador.

Cámbiese lo que haya que cambiarse y dejemos a las Instituciones que funcionen y que, desde luego, la Ley y el Estado caigan con todo su peso sobre quienes quieran torcer el horizonte de la mayoría. Estas son las reglas del juego que nos hemos dado todos…. lo contrario, la imposición de las minorías, no nos engañemos, se llama simple y llanamente dictadura.